Artículo 5 — Prácticas de IA prohibidas

a) Sistemas que usan técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras para alterar el comportamiento de una persona de un modo que le cause, o pueda causarle, un perjuicio considerable.

b) Sistemas que explotan vulnerabilidades por edad, discapacidad o situación social o económica, con el mismo efecto de perjuicio considerable.

c) Sistemas de "scoring social": evaluar o clasificar a personas por su comportamiento o características personales de forma que se les dé un trato perjudicial injustificado en contextos distintos de donde se generaron los datos.

d) Sistemas que predicen el riesgo de que una persona cometa un delito basándose únicamente en perfilado o rasgos de personalidad (no aplica al apoyo de una investigación ya basada en hechos objetivos).

e) Sistemas que crean o amplían bases de datos de reconocimiento facial mediante extracción indiscriminada de imágenes de internet o de cámaras de videovigilancia.

f) Sistemas que infieren emociones de una persona en el lugar de trabajo o en centros educativos (salvo por motivos médicos o de seguridad).

g) Sistemas de categorización biométrica que deducen raza, ideología política, afiliación sindical, creencias religiosas u orientación sexual a partir de datos biométricos.

h) Identificación biométrica remota "en tiempo real" en espacios públicos con fines policiales, salvo excepciones muy tasadas (víctimas de secuestro o trata, amenaza terrorista inminente, o localización de sospechosos de delitos graves concretos).

Los ocho supuestos están escritos para casos extremos: manipulación con perjuicio grave, vigilancia biométrica masiva, scoring social al estilo estatal. Usar ChatGPT para redactar emails o Copilot para resumir reuniones no entra en ninguno de ellos.

Donde sí conviene mirar con atención es en dos zonas grises que el test de LeyIA detecta explícitamente: el análisis de emociones en el puesto de trabajo (letra f) y el uso de IA para decisiones sobre personas en selección, evaluación de empleados, crédito o educación — que, sin ser una práctica prohibida en sí, suele clasificarse como sistema de alto riesgo (art. 6 y Anexo III) y queda fuera del alcance de nuestro informe estándar.